Lo peor es el racismo

“Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar”. La frase salió de la boca de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, frente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández. Ambas guardaron silencio. Desde entonces, ninguna de las tres ha dicho palabra. Ni disculpas, ni rectificación, ni siquiera una aclaración.

Lo dicho por Sansores no es un desliz: es un acto de discriminación desde el poder. Y el silencio de Sheinbaum y Hernández, en lugar de corregirlo, lo normaliza. Cuando una gobernadora afirma que ser mujer, ser indígena y ser pobre es “lo peor”, no describe una realidad social: perpetúa la idea de que esas identidades son una desgracia. En realidad, lo que coloca a millones de mujeres en situación de vulnerabilidad son las condiciones estructurales que se reproducen una y otra vez: la pobreza, la discriminación, la exclusión histórica, la falta de acceso a salud, educación y justicia. Eso es lo que debería combatirse desde el poder, no estigmatizarse como si fuera una condena inevitable.

La Red Nacional de Abogados Indígenas exige disculpas públicas y que Sansores acredite un curso sobre racismo, derechos humanos, pueblos indígenas y perspectiva de género. Esa exigencia no solo es justa, es indispensable. Porque sus palabras no solo carecen de respeto y dignidad hacia las mujeres y comunidades indígenas; también violan la obligación del Estado de proteger y garantizar sus derechos.

El Artículo 63 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es contundente: la infancia y la adolescencia indígenas tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, su cultura, sus usos y costumbres, sus prácticas, su religión, sus formas de organización social y todo aquello que constituye su identidad cultural. Si la ley protege la identidad indígena como un derecho irrenunciable, ¿cómo puede una gobernadora desdeñar esas condiciones como si fueran una condena?

México está lleno de ejemplos que contradicen el prejuicio de Sansores. Mujeres como María de Jesús Patricio “Marichuy”, mujer nahua y médica tradicional; Eufrosina Cruz Mendoza, zapoteca que rompió barreras en el Congreso de Oaxaca; Natalia Toledo e Irma Pineda, poetas zapotecas que han puesto en alto sus lenguas en México y el mundo; Lorena Ramírez, corredora rarámuri reconocida internacionalmente; Silvia Pérez Yescas, defensora comunitaria zapoteca contra la violencia de género; Floriberta García, incansable promotora de los derechos mixtecos; María Elena Lorenzo, bordadora mazateca; Aurora Pérez Figueroa, promotora cultural chinanteca que impulsa la educación bilingüe; y Hita Beatriz Ortiz Silva, exdiputada local mixteca que ha abierto caminos para la participación política de las mujeres en Oaxaca. Todas ellas son orgullo, no desgracia.

Por eso, no basta con llamar “desafortunadas” a sus declaraciones. No basta con barrerlas bajo la alfombra del olvido político. A Sansores hay que exigirle que se retracte, que pida disculpas públicas y que se eduque en derechos humanos. Y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, hay que recordarles que callar frente a actos de racismo y clasismo también es una forma de complicidad.

Ser mujer, ser indígena y ser pobre no es lo peor que puede pasar. Lo peor es que desde el poder se siga hablando con desprecio de quienes han resistido históricamente la desigualdad y el abandono del Estado. Lo peor es que se normalice la discriminación y quede impune.

Las mujeres indígenas de México merecen respeto, dignidad y oportunidades, no frases que las marquen como “lo peor”. Y si la gobernadora de Campeche no lo entiende, que lo aprenda. El racismo no se disculpa con silencio. Se combate con hechos.