OAXACA BAJO EL FILO DE LA IMPUNIDAD

Por Horacio Corro Espinosa

Oaxaca se apaga. Y no hablo de sus luminarias, que de por sí fallan o no existen. Hablo de su espíritu. Nos han vendido una postal. Nos dicen que somos el mejor destino del mundo, el corazón de la cultura, el paraíso del mezcal. Pero los que vivimos aquí, los que sudamos la gota gorda para llegar al trabajo, sabemos que esa postal está manchada de sangre y de miedo.

Oaxaca tiene hoy dos caras irreconciliables. La de los boletines oficiales, llena de cifras alegres, y la que sufrimos nosotros: los ciudadanos de a pie, los que vamos en urbano o colectivo, los que no tenemos camioneta blindada.

La inseguridad no es solo que te quiten la cartera. Es lo que te dejan después. Nos están perturbando la estabilidad. El bienestar se ha vuelto un lujo de pocos. Hoy, cruzar una calle donde hubo un conflicto armado o un bloqueo violento ya no es "noticia", se ha vuelto costumbre. Y ese es el peligro más grande: normalizar la barbarie.

¿Saben qué provoca esto? Ansiedad. Estrés crónico. Desconfianza. Hoy miras al de al lado con sospecha. Ya no saludas con la misma confianza. Esa desconfianza está fracturando nuestras comunidades. Si no hay seguridad, no hay libertad. Y si no hay libertad, ¿de qué desarrollo humano me están hablando los políticos? Una persona que tiene miedo de salir a la calle es una persona cuya vida ha sido secuestrada por la ineptitud oficial.

Hablemos de la vialidad. Ese caos que todos los días nos roba horas de vida. Ya no solo es el tráfico. Es el peligro de muerte que viaja en cuatro ruedas. Los autobuses urbanos y los taxis colectivos se han convertido en zonas de caza.

Tú, que me escuchas en tu casa o en tu negocio: ¿Cuántas veces has subido al camión con el teléfono escondido en el zapato? ¿Cuántas veces has apretado tu mochila contra el pecho rezando para que no se suba "la rata"? Los accidentes, los robos y las extorsiones son el pan de cada día. Los choferes, muchas veces en complicidad o por pura negligencia, permiten que el transporte público sea una trampa sin salida.

Y aquí llegamos al punto que más indigna. El ataque cobarde contra las mujeres. Últimamente, el reporte es constante y aterrador. Mujeres que suben al camión con sus pertenencias y bajan con la bolsa rajada. Un corte limpio que es El navajazo.

Es una técnica de cobardes. Mientras tu vas apretada entre la gente, buscando un lugar donde sostenerte, ellos operan. En un segundo, te abren la bolsa. Se llevan el celular, la cartera, la identificación... se llevan el esfuerzo de tu semana. Y lo peor: se llevan tu paz. Muchas bajan del camión y se dan cuenta minutos después, de la rasgadura en la bolsa. Es una violación a tu espacio, a tu esfuerzo y a tu integridad.

¿Y quiénes son? La inteligencia ciudadana, que siempre va diez pasos adelante que la policía, ya lo sabe. No son delincuentes improvisados. Son flotillas organizadas. "Ratas" que llegaron de la Ciudad de México. Grupos que vienen de otros países, como Colombia. Han visto en Oaxaca un terreno fértil porque saben que aquí... aquí no pasa nada.

Vienen a saquearnos porque la autoridad les tiene la puerta abierta. ¿Dónde están las cámaras del C5? ¿Para qué sirven esos centros de monitoreo si no pueden detener a una banda que opera todos los días en las mismas rutas? ¿Dónde está la SEMOVI? ¿Dónde están los operativos reales en el transporte?

Oaxaca se desangra por la herida de la inseguridad. Si el gobierno sigue administrando el caos en lugar de combatirlo, que no se sorprendan cuando la ciudadanía tome la justicia en sus manos. Porque el hambre y el miedo no saben esperar.

Autoridades: o recuperan las calles, o aceptan que los "piratas" y los delincuentes ya les ganaron la partida.

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El PAN de Huajuapan que trabaja para Morena

El PAN de Huajuapan que trabaja para Morena

la operación municipal a favor de Salomón Jara

 

 

Lo que ocurre hoy en el municipio de Huajuapan, no es un rumor ni una sospecha vaga: es una operación política montada con recursos públicos y ejecutada desde dentro de un gobierno que, en teoría, es panista.

Raúl Sánchez Peña, secretario general del PAN municipal, está utilizando oficinas, tiempo y recursos del Ayuntamiento para operar políticamente a favor del gobernador Salomón Jara, en el proceso de revocación de mandato. No solo se ausenta con frecuencia de sus responsabilidades —con viajes recurrentes a Puebla o Tanivet para visitar “amistades incómodas”—, sino que ahora incluso emplea las instalaciones del propio PAN como centro de operación para esta tarea.

No trabaja solo.

Dentro de esta estructura también participan funcionarios municipales que, pese a cobrar del erario local, están dedicados a hacer campaña a favor del gobernador de Morena:

Efrén Zárate Cruz, auxiliar administrativo de Raúl Sánchez Peña y responsable de Políticas Transversales, opera desde las oficinas del PAN utilizando recursos municipales.

Claudio Álvarez Hernández, director municipal, trabaja en el mismo lugar. De manera curiosa, se le permite un “horario especial” en el Ayuntamiento: de 1:30 a 4:30 de la tarde, bajo el argumento de que por las mañanas da clases a un grupo de sexto grado en una primaria de Santa María Xochixtlapilco. La pregunta es inevitable: ¿qué influencias tiene para trabajar tres horas y cobrar ocho?

José Sosa Martínez, del área de Laborales, junto con el licenciado Herman Torres, recorre oficinas y dependencias para presionar a los trabajadores de confianza a votar obligatoriamente por la continuidad del gobernador Salomón Jara.

Carmelo Pérez, ex suplente del presidente municipal Luis Martínez en el periodo anterior, también participa en esta operación, trabajando abiertamente a favor del gobernador morenista con recursos municipales, pese a que el actual gobierno se presume panista.

Luis Alberto López Herrera, señalado por el desfalco al IMJUVE, regresó a la administración como coordinador del Parque Bicentenario. Hoy vuelve a estar activo, no para rendir cuentas, sino para sumar esfuerzos en favor de la permanencia del gobernador en el poder.

Varios de estos personajes estuvieron tiempo atrás en la “congeladora” política. Hoy han sido rescatados y premiados con cargos, no por su capacidad, sino por su utilidad electoral. El mensaje es claro: quien sirve al gobernador, cobra; quien no, sobra.

Todo esto ocurre mientras la mayoría de los trabajadores municipales no ha recibido aumentos salariales. Los pocos ajustes otorgados fueron mínimos —menos de 200 pesos— incluso para empleados con casi cuatro años de servicio. Aun así, se les exige el voto “voluntario” a favor de Salomón Jara, bajo presión y amenaza velada.

Y lo más grave: después de la revocación de mandato, hayan votado o no por el gobernador, se prepara un recorte masivo de personal. Los trabajadores del Ayuntamiento lo saben. Se quedarán sin empleo, sin ingreso y sin respaldo. Ese será, al final, el agradecimiento del presidente municipal Luis Martínez.

Cuando el poder se ejerce así, ya no se trata de ideologías ni de partidos. Se trata de abuso, de traición y de una maquinaria que usa el miedo como combustible y el dinero público como herramienta electoral.

 

El alcalde que murió dos veces

 El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, no fue un hecho más en el catálogo del horror mexicano. Fue un espejo. En él se reflejó algo incómodo: la frialdad burocrática del Estado. Esa costumbre tan nuestra de dejar que la empatía se evapore, como si los comunicados oficiales tuvieran aire acondicionado.

El primer mensaje del Gobierno federal fue eso: un documento seco, anónimo, técnico: “Detenciones”. “Un abatido”. “Operativo desplegado”. “Justicia” prometida.

Y ahí, entre las líneas, el muerto desapareció. Ni nombre. Ni rostro. Ni una palabra humana. Como si Carlos Manzo hubiera sido una cifra, no una persona. Como si morir en funciones públicas fuera solo un trámite administrativo.

Ese silencio institucional no fue error, fue síntoma. Síntoma de un gobierno que le teme al desorden de los sentimientos, y prefiere el orden del tecnicismo.

Quizá por eso nadie quiso decirlo en voz alta: Carlos Manzo no era un muerto conveniente. Exdiputado de Morena, rompió con el partido y ganó la alcaldía como independiente. Criticó, sin rodeos, la política de “abrazos, no balazos”. Pidió enfrentar al crimen con la fuerza del Estado, no con la filosofía de la resignación.

Meses antes de morir, advirtió —y casi parecía saberlo—: “No quiero ser un presidente municipal más en la lista de los ejecutados.” No era paranoia, era diagnóstico.

Y cuando la amenaza se cumplió anoche, el gobierno respondió con un profundo silencio. Porque nombrar al muerto hubiera sido aceptar la falla del sistema.

Un funcionario que contradice la narrativa oficial puede morir dos veces: primero por las balas, luego por el olvido.

La justicia se promete. La compasión se reserva. En la lógica del poder central, el alcalde se convierte en expediente, no en emblema.

Mientras tanto, en Michoacán, la gente sí lloró su nombre.
Carlos Manzo. El hombre, no el cargo. El vecino, no el número. Tal vez porque solo quien convive con la tragedia entiende su peso.

Desde la capital, en cambio, el luto se tramita con sellos y membretes.

Carlos Manzo fue asesinado, sí. Pero también fue borrado a unas pocas horas de su asesinato. Su muerte pesa menos que la narrativa que incomodó.

Y eso deja una herida abierta: un Estado que presume justicia pero olvida lo más humano de la justicia: nombrar a sus muertos.

Porque cuando un servidor público puede morir sin duelo, lo que se debilita no es su memoria. Es la idea misma de democracia.

Quizá el verdadero riesgo de enfrentarse al crimen no sea solo morir en soledad, sino hacerlo sin nombre, sin duelo y sin historia.

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14 horas del asesinato, la presidenta Claudia Sheinbaum, sube a las redes un comunicado que lo hace más de cálculo que de compasión. Cuando ella condena desde el podio y no desde el pecho, suena más a trámite que a duelo sincero.

Mientras ella diga que convocó al Gabinete de Seguridad para garantizar… muchos municipios del país siguen sintiendo miedo porque sus trincheras están solitarias, pues todos enfrentan la violencia sin blindaje.

Cada alcalde asesinado es, en realidad, un recordatorio de que México se sostiene sobre territorios donde la ley llega con retraso, si es que llega.

Que la presidenta se indigne, está bien. Que esa indignación se convierta en política, sería mejor. Porque de nada sirve el repudio si mañana otro funcionario local debe decidir entre pactar o morir.
Así es como se nos va apagando el país, uno a uno, como luces en una tormenta.

 

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Oaxaca: donde la palabra es un riesgo

Por Horacio Corro Espinosa

En México la libertad de expresión siempre se presume como un derecho intocable, pero sabemos que es un derecho bajo amenaza. Aquí no basta con tener la razón ni con hacer bien el trabajo: basta con que al poder le incomode una pregunta o una opinión para que el periodista se convierta en enemigo público.

Lo digo desde la experiencia: se me hace ridículo —y hasta insultante— que algunos colegas subordinados a funcionarios públicos ofrezcan “respaldo” o incluso “protección” frente a los dichos del poderoso. Como si alguien pudiera protegernos de las palabras del jefe máximo del pueblo. Y lo irónico es que, cuando ese mismo jefe termina reconociendo el trabajo del periodista al que acusa, lo hace porque el trabajo fue tan sólido que no pudo enterrarlo en ninguna parte.

La mayoría de las conferencias de prensa, en realidad son puro teatro. El 90% de las preguntas las hacen periodistas afines, dispuestos a aplaudir más que a cuestionar. La simulación es grotesca: la prensa parece libre, pero la verdad está amarrada de pies y manos.

Y mientras tanto, ¿qué pasa con las carpetas contra funcionarios que amenazan, incluso de muerte? Caminan con la lentitud de una burocracia que no tiene ninguna prisa por hacer justicia. Lo curioso —y doloroso— es que casi siempre terminan igual: en el archivo muerto.

No hablo de exageraciones: los números lo confirman. Entre 2000 y 2024, al menos 15 periodistas han sido asesinados en Oaxaca, según datos de Artículo 19 y la CNDH. Estamos entre los cinco estados más letales para ejercer el oficio en todo México. Y no lo digo con orgullo, lo digo con rabia: más del 95% de esos crímenes siguen impunes.

Pienso en casos, como el de Heber López Vásquez, asesinado en Salina Cruz en 2022, después de denunciar amenazas que nadie atendió. Su muerte no sólo nos arrebató a un colega valiente, también nos recordó que en Oaxaca hablar puede costar la vida, y callar puede costar la dignidad.

Aquí la censura no siempre necesita balas. A veces basta con la autocensura, con el silencio comprado, con la amenaza velada que se instala en la rutina del periodista. Es un veneno que no mata de golpe, pero que va asfixiando la vida pública hasta dejarla hueca, irreconocible.

Yo no creo que defender la libertad de expresión sea un acto heroico. Creo que debería ser lo mínimo en una democracia. Pero hoy en Oaxaca —y en todo México— sigue siendo un acto de valentía. Y eso dice mucho más de nuestro sistema que de los periodistas que decidimos no callar.

El día que opinar, preguntar o denunciar deje de ser una temeridad y se convierta en un derecho cotidiano, podremos decir que vivimos en un país verdaderamente libre. Mientras tanto, no nos queda otra: defender la palabra es defender la vida.

Aunque se empeñen en maquillar cifras, aunque fabriquen conferencias con preguntas compradas, la verdad siempre regresa. Puede tardar, puede doler, pero siempre encuentra su voz. Y esa voz, por incómoda, por rebelde, nunca será domesticada por el poder.

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 Lo peor es el racismo

“Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar”. La frase salió de la boca de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, frente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández. Ambas guardaron silencio. Desde entonces, ninguna de las tres ha dicho palabra. Ni disculpas, ni rectificación, ni siquiera una aclaración.

Lo dicho por Sansores no es un desliz: es un acto de discriminación desde el poder. Y el silencio de Sheinbaum y Hernández, en lugar de corregirlo, lo normaliza. Cuando una gobernadora afirma que ser mujer, ser indígena y ser pobre es “lo peor”, no describe una realidad social: perpetúa la idea de que esas identidades son una desgracia. En realidad, lo que coloca a millones de mujeres en situación de vulnerabilidad son las condiciones estructurales que se reproducen una y otra vez: la pobreza, la discriminación, la exclusión histórica, la falta de acceso a salud, educación y justicia. Eso es lo que debería combatirse desde el poder, no estigmatizarse como si fuera una condena inevitable.

La Red Nacional de Abogados Indígenas exige disculpas públicas y que Sansores acredite un curso sobre racismo, derechos humanos, pueblos indígenas y perspectiva de género. Esa exigencia no solo es justa, es indispensable. Porque sus palabras no solo carecen de respeto y dignidad hacia las mujeres y comunidades indígenas; también violan la obligación del Estado de proteger y garantizar sus derechos.

El Artículo 63 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es contundente: la infancia y la adolescencia indígenas tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, su cultura, sus usos y costumbres, sus prácticas, su religión, sus formas de organización social y todo aquello que constituye su identidad cultural. Si la ley protege la identidad indígena como un derecho irrenunciable, ¿cómo puede una gobernadora desdeñar esas condiciones como si fueran una condena?

México está lleno de ejemplos que contradicen el prejuicio de Sansores. Mujeres como María de Jesús Patricio “Marichuy”, mujer nahua y médica tradicional; Eufrosina Cruz Mendoza, zapoteca que rompió barreras en el Congreso de Oaxaca; Natalia Toledo e Irma Pineda, poetas zapotecas que han puesto en alto sus lenguas en México y el mundo; Lorena Ramírez, corredora rarámuri reconocida internacionalmente; Silvia Pérez Yescas, defensora comunitaria zapoteca contra la violencia de género; Floriberta García, incansable promotora de los derechos mixtecos; María Elena Lorenzo, bordadora mazateca; Aurora Pérez Figueroa, promotora cultural chinanteca que impulsa la educación bilingüe; y Hita Beatriz Ortiz Silva, exdiputada local mixteca que ha abierto caminos para la participación política de las mujeres en Oaxaca. Todas ellas son orgullo, no desgracia.

Por eso, no basta con llamar “desafortunadas” a sus declaraciones. No basta con barrerlas bajo la alfombra del olvido político. A Sansores hay que exigirle que se retracte, que pida disculpas públicas y que se eduque en derechos humanos. Y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, hay que recordarles que callar frente a actos de racismo y clasismo también es una forma de complicidad.

Ser mujer, ser indígena y ser pobre no es lo peor que puede pasar. Lo peor es que desde el poder se siga hablando con desprecio de quienes han resistido históricamente la desigualdad y el abandono del Estado. Lo peor es que se normalice la discriminación y quede impune.

Las mujeres indígenas de México merecen respeto, dignidad y oportunidades, no frases que las marquen como “lo peor”. Y si la gobernadora de Campeche no lo entiende, que lo aprenda. El racismo no se disculpa con silencio. Se combate con hechos.