Mujeres oaxaqueñas en Peligro

Todos nos hemos enterado del lamentable episodio ocurrido en San Pedro Ixtlahuaca, donde el presidente municipal, Roberto Pérez Delgado, agredió a una mujer. Además de ocupar este cargo, Pérez Delgado es suplente de la senadora Laura Estrada Mauro, lo que quizás le hace creer que tiene el derecho de actuar con total impunidad, al golpear a una mujer, respaldado por sus guardaespaldas y elementos de la policía municipal.

Cualquier forma de violencia es inaceptable y constituye un grave abuso de poder. Nadie tiene derecho a maltratar a otra persona, sea de manera física, verbal o psicológica. Este tipo de actos no solo vulneran los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, sino que también destruyen la confianza en quienes deberían proteger y servir a la ciudadanía.

El presidente municipal ha intentado justificar su agresión bajo el argumento de "defensa propia", pero los hechos revelan un claro abuso de poder y una actitud profundamente misógina que debería ser sancionada legalmente. Según lo reportado en redes sociales, la víctima es una mujer indígena, lo que añade una dimensión de discriminación étnica que agrava aún más el caso. No es casualidad que el repudio hacia el alcalde haya sido unánime en las plataformas digitales.

El video que circula ampliamente no deja dudas sobre lo ocurrido: un acto de abuso, falta de empatía y una total carencia de autocontrol. Esto no es un incidente aislado; en Oaxaca, la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes que requieren atención urgente.

Por si fuera poco, otro caso indignante y preocupante, es aquella difusión de fotografías íntimas de mujeres indígenas en redes sociales, sin su consentimiento. Este es un acto de violencia digital que, aunque está tipificado como delito bajo la Ley Olimpia, permanece impune. Lo más alarmante es que el responsable, como tiene conexiones políticas está fuera del alcance de la justicia.

La situación se agrava con incidentes como el protagonizado por María Elena Ríos, quien se hace llamar indígena y es conocida por sus propios actos violentos y extorsión a sus parejas. Todo lo que hace esta mujer evidencia no solo su falta de control, sino su intención de causar daño deliberado a quien sea. Después de que Elena Ríos atacara brutalmente a una mujer en el hospital, el gobierno del Estado no emitió ningún comunicado al respecto, lo que deja claro que la inacción sigue siendo la norma cuando los involucrados tienen algún nivel de poder o influencia.

Es imperativo que no permitamos que este tipo de agresiones se normalicen o queden en el olvido. Cada caso debe investigarse con rigor para garantizar justicia y, más importante aún, el gobierno debe demostrar un compromiso real con la erradicación de la violencia de género, sin importar quién sea el agresor o qué conexiones tenga.

Si Oaxaca sigue sumida en la indiferencia y la impunidad, cada acto de violencia que quede sin castigo perpetuará un sistema que oprime y margina a las mujeres. Las mujeres tienen derecho a vivir sin miedo. Es hora de que el gobierno actúe y cumpla su promesa de protegerlas, porque ninguna mujer debería enfrentar sola un sistema que prometió protegerla.

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