Oaxaca: donde la palabra es un riesgo

Por Horacio Corro Espinosa

En México la libertad de expresión siempre se presume como un derecho intocable, pero sabemos que es un derecho bajo amenaza. Aquí no basta con tener la razón ni con hacer bien el trabajo: basta con que al poder le incomode una pregunta o una opinión para que el periodista se convierta en enemigo público.

Lo digo desde la experiencia: se me hace ridículo —y hasta insultante— que algunos colegas subordinados a funcionarios públicos ofrezcan “respaldo” o incluso “protección” frente a los dichos del poderoso. Como si alguien pudiera protegernos de las palabras del jefe máximo del pueblo. Y lo irónico es que, cuando ese mismo jefe termina reconociendo el trabajo del periodista al que acusa, lo hace porque el trabajo fue tan sólido que no pudo enterrarlo en ninguna parte.

La mayoría de las conferencias de prensa, en realidad son puro teatro. El 90% de las preguntas las hacen periodistas afines, dispuestos a aplaudir más que a cuestionar. La simulación es grotesca: la prensa parece libre, pero la verdad está amarrada de pies y manos.

Y mientras tanto, ¿qué pasa con las carpetas contra funcionarios que amenazan, incluso de muerte? Caminan con la lentitud de una burocracia que no tiene ninguna prisa por hacer justicia. Lo curioso —y doloroso— es que casi siempre terminan igual: en el archivo muerto.

No hablo de exageraciones: los números lo confirman. Entre 2000 y 2024, al menos 15 periodistas han sido asesinados en Oaxaca, según datos de Artículo 19 y la CNDH. Estamos entre los cinco estados más letales para ejercer el oficio en todo México. Y no lo digo con orgullo, lo digo con rabia: más del 95% de esos crímenes siguen impunes.

Pienso en casos, como el de Heber López Vásquez, asesinado en Salina Cruz en 2022, después de denunciar amenazas que nadie atendió. Su muerte no sólo nos arrebató a un colega valiente, también nos recordó que en Oaxaca hablar puede costar la vida, y callar puede costar la dignidad.

Aquí la censura no siempre necesita balas. A veces basta con la autocensura, con el silencio comprado, con la amenaza velada que se instala en la rutina del periodista. Es un veneno que no mata de golpe, pero que va asfixiando la vida pública hasta dejarla hueca, irreconocible.

Yo no creo que defender la libertad de expresión sea un acto heroico. Creo que debería ser lo mínimo en una democracia. Pero hoy en Oaxaca —y en todo México— sigue siendo un acto de valentía. Y eso dice mucho más de nuestro sistema que de los periodistas que decidimos no callar.

El día que opinar, preguntar o denunciar deje de ser una temeridad y se convierta en un derecho cotidiano, podremos decir que vivimos en un país verdaderamente libre. Mientras tanto, no nos queda otra: defender la palabra es defender la vida.

Aunque se empeñen en maquillar cifras, aunque fabriquen conferencias con preguntas compradas, la verdad siempre regresa. Puede tardar, puede doler, pero siempre encuentra su voz. Y esa voz, por incómoda, por rebelde, nunca será domesticada por el poder.

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 Lo peor es el racismo

“Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar”. La frase salió de la boca de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, frente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández. Ambas guardaron silencio. Desde entonces, ninguna de las tres ha dicho palabra. Ni disculpas, ni rectificación, ni siquiera una aclaración.

Lo dicho por Sansores no es un desliz: es un acto de discriminación desde el poder. Y el silencio de Sheinbaum y Hernández, en lugar de corregirlo, lo normaliza. Cuando una gobernadora afirma que ser mujer, ser indígena y ser pobre es “lo peor”, no describe una realidad social: perpetúa la idea de que esas identidades son una desgracia. En realidad, lo que coloca a millones de mujeres en situación de vulnerabilidad son las condiciones estructurales que se reproducen una y otra vez: la pobreza, la discriminación, la exclusión histórica, la falta de acceso a salud, educación y justicia. Eso es lo que debería combatirse desde el poder, no estigmatizarse como si fuera una condena inevitable.

La Red Nacional de Abogados Indígenas exige disculpas públicas y que Sansores acredite un curso sobre racismo, derechos humanos, pueblos indígenas y perspectiva de género. Esa exigencia no solo es justa, es indispensable. Porque sus palabras no solo carecen de respeto y dignidad hacia las mujeres y comunidades indígenas; también violan la obligación del Estado de proteger y garantizar sus derechos.

El Artículo 63 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es contundente: la infancia y la adolescencia indígenas tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, su cultura, sus usos y costumbres, sus prácticas, su religión, sus formas de organización social y todo aquello que constituye su identidad cultural. Si la ley protege la identidad indígena como un derecho irrenunciable, ¿cómo puede una gobernadora desdeñar esas condiciones como si fueran una condena?

México está lleno de ejemplos que contradicen el prejuicio de Sansores. Mujeres como María de Jesús Patricio “Marichuy”, mujer nahua y médica tradicional; Eufrosina Cruz Mendoza, zapoteca que rompió barreras en el Congreso de Oaxaca; Natalia Toledo e Irma Pineda, poetas zapotecas que han puesto en alto sus lenguas en México y el mundo; Lorena Ramírez, corredora rarámuri reconocida internacionalmente; Silvia Pérez Yescas, defensora comunitaria zapoteca contra la violencia de género; Floriberta García, incansable promotora de los derechos mixtecos; María Elena Lorenzo, bordadora mazateca; Aurora Pérez Figueroa, promotora cultural chinanteca que impulsa la educación bilingüe; y Hita Beatriz Ortiz Silva, exdiputada local mixteca que ha abierto caminos para la participación política de las mujeres en Oaxaca. Todas ellas son orgullo, no desgracia.

Por eso, no basta con llamar “desafortunadas” a sus declaraciones. No basta con barrerlas bajo la alfombra del olvido político. A Sansores hay que exigirle que se retracte, que pida disculpas públicas y que se eduque en derechos humanos. Y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, hay que recordarles que callar frente a actos de racismo y clasismo también es una forma de complicidad.

Ser mujer, ser indígena y ser pobre no es lo peor que puede pasar. Lo peor es que desde el poder se siga hablando con desprecio de quienes han resistido históricamente la desigualdad y el abandono del Estado. Lo peor es que se normalice la discriminación y quede impune.

Las mujeres indígenas de México merecen respeto, dignidad y oportunidades, no frases que las marquen como “lo peor”. Y si la gobernadora de Campeche no lo entiende, que lo aprenda. El racismo no se disculpa con silencio. Se combate con hechos.

Mujeres oaxaqueñas en Peligro

Todos nos hemos enterado del lamentable episodio ocurrido en San Pedro Ixtlahuaca, donde el presidente municipal, Roberto Pérez Delgado, agredió a una mujer. Además de ocupar este cargo, Pérez Delgado es suplente de la senadora Laura Estrada Mauro, lo que quizás le hace creer que tiene el derecho de actuar con total impunidad, al golpear a una mujer, respaldado por sus guardaespaldas y elementos de la policía municipal.

Cualquier forma de violencia es inaceptable y constituye un grave abuso de poder. Nadie tiene derecho a maltratar a otra persona, sea de manera física, verbal o psicológica. Este tipo de actos no solo vulneran los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, sino que también destruyen la confianza en quienes deberían proteger y servir a la ciudadanía.

El presidente municipal ha intentado justificar su agresión bajo el argumento de "defensa propia", pero los hechos revelan un claro abuso de poder y una actitud profundamente misógina que debería ser sancionada legalmente. Según lo reportado en redes sociales, la víctima es una mujer indígena, lo que añade una dimensión de discriminación étnica que agrava aún más el caso. No es casualidad que el repudio hacia el alcalde haya sido unánime en las plataformas digitales.

El video que circula ampliamente no deja dudas sobre lo ocurrido: un acto de abuso, falta de empatía y una total carencia de autocontrol. Esto no es un incidente aislado; en Oaxaca, la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes que requieren atención urgente.

Por si fuera poco, otro caso indignante y preocupante, es aquella difusión de fotografías íntimas de mujeres indígenas en redes sociales, sin su consentimiento. Este es un acto de violencia digital que, aunque está tipificado como delito bajo la Ley Olimpia, permanece impune. Lo más alarmante es que el responsable, como tiene conexiones políticas está fuera del alcance de la justicia.

La situación se agrava con incidentes como el protagonizado por María Elena Ríos, quien se hace llamar indígena y es conocida por sus propios actos violentos y extorsión a sus parejas. Todo lo que hace esta mujer evidencia no solo su falta de control, sino su intención de causar daño deliberado a quien sea. Después de que Elena Ríos atacara brutalmente a una mujer en el hospital, el gobierno del Estado no emitió ningún comunicado al respecto, lo que deja claro que la inacción sigue siendo la norma cuando los involucrados tienen algún nivel de poder o influencia.

Es imperativo que no permitamos que este tipo de agresiones se normalicen o queden en el olvido. Cada caso debe investigarse con rigor para garantizar justicia y, más importante aún, el gobierno debe demostrar un compromiso real con la erradicación de la violencia de género, sin importar quién sea el agresor o qué conexiones tenga.

Si Oaxaca sigue sumida en la indiferencia y la impunidad, cada acto de violencia que quede sin castigo perpetuará un sistema que oprime y margina a las mujeres. Las mujeres tienen derecho a vivir sin miedo. Es hora de que el gobierno actúe y cumpla su promesa de protegerlas, porque ninguna mujer debería enfrentar sola un sistema que prometió protegerla.

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 Aumento al transporte público

Cada vez que aumentan las tarifas del transporte público en Oaxaca, los políticos nos prometen lo mismo. Cuando aprobaron la subida a ocho pesos, lo hicieron con la condición de renovar el parque vehicular. Pero esa promesa quedó en deuda con la ciudadanía porque nunca se cumplió. Los zares del transporte simplemente no quisieron. Así de sencillo. Los viejos camiones siguen circulando por la ciudad.

Desde el día seis de este mes, los dueños del "pulpo camionero" van a extender la mano para recibir dos pesos más, gracias a un convenio firmado por la secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca.

¿De verdad creen, ciudadanos que usan el transporte urbano, que es bueno lo que nos ofrece el gobierno del Estado y los zares del transporte? ¡Desde luego que no!

¿Saben lo que significan dos pesos de aumento? Supongamos que tu familia tiene cuatro personas. Ya no necesitarán 8 pesos, sino 10 para un solo viaje. Así que tendrás que pagar 40 pesos para ir y otros 40 para regresar. Eso es 80 pesos al día solo en transporte. Multiplica esos 80 por los siete días de la semana, te da 560 pesos. Y al mes, serán 2 mil 400 pesos. Y eso sin contar los viajes extras como ir al mercado, al médico, visitar a los familiares, etc.

Veamos esto desde otro ángulo. Supongamos que una unidad lleva 32 pasajeros, cada uno pagando los 10 pesos que determinó la Secretaría de Movilidad. El chofer llevará en su marimba 320 pesos. Si multiplicamos eso por las 850 unidades que recorren la ciudad, se recogen 272 mil pesos diarios. Como la mayoría de las personas hace un viaje de ida y vuelta, multiplicamos por dos: 544 mil pesos al día. Si multiplicamos esto por los siete días de la semana, tenemos 3 millones 808 mil pesos, y al mes, los zares del transporte se embolsan 16 millones 320 mil pesos, gracias al esfuerzo de los ciudadanos de Oaxaca y municipios conurbados.

Ojo, estos cálculos son solo para 32 pasajeros por unidad. No hay registros exactos sobre cuántas vueltas hace cada unidad al día. Los controladores de las rutas me dijeron que varía entre 9 y 14 vueltas al día, según la ruta. Si multiplicamos los 16 millones 320 mil pesos por 11 vueltas, llegamos a la impresionante suma de 179 millones 520 mil pesos al mes.

Con la nueva tarifa, cada persona necesita 140 pesos a la semana para un viaje redondo al día, o 600 pesos al mes. Supongamos, como decíamos, que esta persona tiene una familia de cuatro integrantes, necesitará 2 mil 400 pesos para ir y regresar, mientras que el salario mínimo mensual en Oaxaca es de 6 mil 972 pesos. Si a esta cantidad mensual le descontamos lo que va a gastar en los anafres del transporte, le queda para vivir 4 mil 572 pesos.

¿No decían que primero los pobres? ¿De dónde van a sacar para comer? ¿Para los útiles escolares? Y aun así, nos dice la secretaria de Movilidad que Oaxaca tiene las tarifas más bajas del país. ¡Bah!

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MENTIRAS Y EXTORSIONES: EL ROSTRO OCULTO DE UNO DE LOS CANDIDATOS EN HUAJUAPAN

Desde que iniciaron las campañas políticas, algunos ciudadanos se han preguntado: ¿por quién votar en el municipio de Huajuapan? La elección del presidente municipal no se basa en el partido, sino en el candidato. Casi nadie quiere votar por Luis Martínez Sánchez (del Partido Acción Nacional) ni por Pedro Silva Salazar (de Morena). Cuando se menciona a Pedro Silva, inmediatamente se asocia con Juanita Cruz Cruz (su esposa), y los 19 millones de pesos. Por otro lado, Luis Martínez Sánchez evoca la imagen de su familia como los caciques de la política, no solo en Huajuapan sino en gran parte de la región. Además, se le atribuye haber utilizado los recursos del pueblo en obras personales, como la construcción de un reloj con cuatro cabezas de león, con las cuales envía un mensaje subliminal de que él es el personaje principal del pueblo. Incluso, al caminar por las calles, nos encontramos con las pisadas de león, lo que representa más publicidad con recursos del pueblo. A eso se le llama abuso. Hay que recordar que el segundo nombre de esta persona es León.

En contraste, la candidata de Fuerza por México, Marychee Sánchez, destaca por sus ideas claras y su compromiso con la ciudad. Pedro y Luis, sus palabras a menudo caen en terreno infértil. Sin embargo, las palabras de Marychee resuenan en los oídos de la gente a pesar de que su voz es tranquila y a veces inaudible. Parece que ella no necesita de montón de seguidores ni declaraciones falsas porque, al fin y al cabo, ¿quién necesita aplausos cuando puedes tener votos?

Si la gente piensa que solo hay dos candidatos a la presidencia municipal, Pedro y Luis, creo que no se han dado la oportunidad de escuchar a Marychee. Ella, a diferencia de Luis Martínez, quien utiliza a la gente del ayuntamiento para que le echen porras y vivas, en realidad no está haciendo una campaña honrada, sino disfrazada. Por su parte, Pedro Silva Salazar, frecuentemente miente en sus respuestas y tampoco tiene las ideas muy claras de los diferentes temas que toca, como, por ejemplo, el agua. En ocasiones ha hablado de personas con las que nunca le han prometido nada, pero se ha atrevido a asegurar públicamente que tiene su respaldo político. La confianza en los líderes se construye sobre la base de la integridad y el compromiso con la verdad. Pero si eso acostumbra a hacer hoy, entonces, en su administración no habrá transparencia ni honestidad.

Pero, qué es más grave, ¿mentir o extorsionar? Miente Pedro, pero extorsiona Luis.

Hace meses, los huajuapeños lo han de recordar muy bien todavía, la empresa Telmex, quien por cierto la mayoría de las veces es prepotente y abusiva, se puso a hacer hoyos en las banquetas de la ciudad. Comenzó a cruzar cables, a robarse las banquetas para colocar sus postes y un sinfín de arbitrariedades. Esto, todos lo hemos visto, lo hemos vivido y también sufrido. El presidente municipal, quien hoy busca su reelección a la presidencia, Martínez Sánchez, al ver lo que esta compañía hacía, como abrir banquetas y calles a su libre albedrío, les impuso una multa de 500 mil pesos y les clausuró sus obras. Así que el director y el subdirector de esta empresa se presentaron ante el presidente municipal, hoy con licencia, para decirle que los dejara trabajar, pues hacían una obra en beneficio de la población.

Después de tantos ruegos, la Comisión de hacienda del ayuntamiento le hizo una rebajita al señor Carlos Slim del 40%, pero con la condición de que le instalaran en el hotel del presidente (Casa Cantera) el servicio de Internet.

El poste telefónico más cercano al hotel está a 2 km de distancia, pues por la extorsión del presidente, la empresa tuvo que colocar un montón de postes para que sobre estos colgaran un cable que llevara el servicio de Internet hasta el hotel del presidente.

Este servidor público es, a todas luces, quien llegó a servirse del pueblo no a servir al pueblo. Él ha buscado su beneficio personal con el cargo y la confianza que le entregó la ciudadanía huajuapeña.

En pocas palabras, el presidente no le sirve a nadie, se sirve así mismo. Es para lo único que sirve. Lo que hizo el presidente, la extorsión, lo seguirá haciendo el próximo trienio, si es que llega, pero eso es abrirle la puerta a todo tipo de extorsionadores, así que después no te quejes. Ahora ya sabes quién es él, va tras la reelección.

 

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